ANP registra 47 ataques a periodistas en primeros cuatro meses del año
AGRESIONES, ATENTADOS, AMENAZAS
Y PERSECUCIÓN JUDICIAL A PERIODISTAS
En promedio cada cuatro días se ataca a un periodista en el país. La Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha registrado 47 agresiones a periodistas en los cuatro primeros meses del año. Ancash, Tumbes, Ayacucho, Lambayeque y Loreto son las regiones que concentran el mayor número de atentados.
En el informe presentado en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa la ANP señala que durante los primeros 120 días del año se han denunciado 15 amenazas/hostigamientos, 14 agresiones físicas, siete presiones jurídicas, seis trabas al ejercicio periodístico, dos trabas a la circulación de la información, dos secuestros y un robo.
Los atentados contra los reporteros fueron perpetrados en 15 casos por efectivos policiales, 12 por civiles, 11 por funcionarios públicos y nueve por desconocidos. De los periodistas agredidos 31 fueron hombres, nueve mujeres y siete ataques se produjeron a medios de comunicación.
Entre las provincias que concentran mayores riesgos para los periodistas están Chiclayo con siete atentados, con cinco Ayacucho y Maynas, con cuatro Tumbes, con tres agresiones San Martín, con dos Arequipa, Casma, Lambayeque, Lima, Pomabamba y Puno y con un ataque están Barranca, Coronel Portillo, Huaraz, Ilo, Loreto, Paita, Piura, San Román, Tambopata, Trujillo y Virú.
Para la ANP este es un año particularmente riesgoso para los periodistas al ser un año electoral. Por ello se han multiplicado al interior del país las acciones que lesionan el derecho a recibir información libre de toda censura. Tales prácticas están siendo impulsadas en el ámbito regional tanto por funcionarios públicos como por personajes de la política que pretenden, directa o indirectamente, amordazar a los medios de comunicación social.
Uno de los medios afectados por las intervenciones de funcionarios públicos ha sido radio Estación Wari, en la ciudad de Huamanga, emisora que goza de gran sintonía en la región ayacuchana y que, con regular frecuencia, transmite en los programas periodísticos críticas que no son del agrado de las autoridades locales y regionales.
Uno de los hechos de mayor gravedad en estos primero cuatro meses del año tuvo como protagonista al periodista Rudy Huallpa Cayo, en Puno, quien ha perdido la visión del ojo izquierdo a consecuencia del ataque de un capitán de la Policía Nacional del Perú cuando cubría una legítima protesta de la población de la provincia de Ayaviri en el frontis del gobierno regional de Puno. A la fecha, a pesar de las múltiples comunicaciones dirigidas al Ministerio del Interior no hay respuesta de esa dependencia del Estado.
El atentado más reciente contra un periodista se produjo en Barranca, el 22 de abril. Un desconocido hizo estallar una carga explosiva en la puerta del domicilio del periodista Yofré López Sifuentes, director del impreso y diario digital barranca.pe. Yofré López había denunciado a través de sus espacios periodísticos presuntos hechos de corrupción que involucrarían la gestión del actual alcalde provincial de Barranca. También, publicó denuncias contra la empresa Agro Industrial Paramonga (AIPSA), empresa azucarera que lo querelló por difamación por cuestionamientos anteriores, proceso en el que fue absuelto por el juez al demostrar la veracidad de la información periodística.
El primer mes del año, en la ciudad de Tarapoto el programa televisivo "Enfoques", que dirige la periodista Glenda Mello Pinedo salió de la señal abierta -Televisión Tarapoto-. El retiro del programa se produjo después que Televisión Tarapoto condicionara la difusión de "Enfoques" a una revisión previa del contenido, vale decir, la censura de la información que debía propalarse. A ello se suman los ataques al personal periodístico del diario Voces, diario Súper y radio Tropical. Lenin Quevedo Bardález ha sido víctima de una campaña de demolición moral por ser crítico a una candidatura que tiene en su haber varios señalamientos por indicios de ilícitos en anterior gestión municipal.
Problemas de esta naturaleza se van extendiendo en diferentes partes del país. los propietarios de Canal 41, en Chiclayo, dispusieron el intempestivo cierre del programa periodístico "Aportes", conducido y dirigido por el periodista Silvestre Juárez Elías. El levantamiento del programa de noticias se habría dado porque los "contenidos del programa periodístico colisionaban con los negocios que mantiene la estación televisiva con la Municipalidad Provincial de Chiclayo", según expresó verbalmente la contadora de dicho medio de comunicación al informar la cancelación del programa. Semanas previas al cierre, el programa periodístico había revelado irregularidades en la gestión municipal del alcalde de dicha provincia quien ha confirmado su candidatura a la reelección.
Uno de los hechos de mayor gravedad en estos primero cuatro meses del año tuvo como protagonista al periodista Rudy Huallpa Cayo, en Puno, quien ha perdido la visión del ojo izquierdo a consecuencia del ataque de un capitán de la Policía Nacional del Perú cuando cubría una legítima protesta de la población de la provincia de Ayaviri en el frontis del gobierno regional de Puno. A la fecha, a pesar de las múltiples comunicaciones dirigidas al Ministerio del Interior no hay respuesta de esa dependencia del Estado.
El atentado más reciente contra un periodista se produjo en Barranca, el 22 de abril. Un desconocido hizo estallar una carga explosiva en la puerta del domicilio del periodista Yofré López Sifuentes, director del impreso y diario digital barranca.pe. Yofré López había denunciado a través de sus espacios periodísticos presuntos hechos de corrupción que involucrarían la gestión del actual alcalde provincial de Barranca. También, publicó denuncias contra la empresa Agro Industrial Paramonga (AIPSA), empresa azucarera que lo querelló por difamación por cuestionamientos anteriores, proceso en el que fue absuelto por el juez al demostrar la veracidad de la información periodística.
El primer mes del año, en la ciudad de Tarapoto el programa televisivo "Enfoques", que dirige la periodista Glenda Mello Pinedo salió de la señal abierta -Televisión Tarapoto-. El retiro del programa se produjo después que Televisión Tarapoto condicionara la difusión de "Enfoques" a una revisión previa del contenido, vale decir, la censura de la información que debía propalarse. A ello se suman los ataques al personal periodístico del diario Voces, diario Súper y radio Tropical. Lenin Quevedo Bardález ha sido víctima de una campaña de demolición moral por ser crítico a una candidatura que tiene en su haber varios señalamientos por indicios de ilícitos en anterior gestión municipal.
Problemas de esta naturaleza se van extendiendo en diferentes partes del país. los propietarios de Canal 41, en Chiclayo, dispusieron el intempestivo cierre del programa periodístico "Aportes", conducido y dirigido por el periodista Silvestre Juárez Elías. El levantamiento del programa de noticias se habría dado porque los "contenidos del programa periodístico colisionaban con los negocios que mantiene la estación televisiva con la Municipalidad Provincial de Chiclayo", según expresó verbalmente la contadora de dicho medio de comunicación al informar la cancelación del programa. Semanas previas al cierre, el programa periodístico había revelado irregularidades en la gestión municipal del alcalde de dicha provincia quien ha confirmado su candidatura a la reelección.
Hechos parecidos se están registrando en Tumbes -donde gente vinculada a la autoridad regional ha agredido este año por tercera vez a la periodista Ursula Pinedo del programa Hoy por Hoy, de radio La Hechicera-, Huancayo y Pucallpa, entre otras provincias.
Ancash, que ha sido durante los dos últimos años la región más peligrosa para el ejercicio del periodismo, mantiene el más alto número de periodistas querellados por una autoridad regional. César Alvarez utiliza la vía judicial como instrumento para generar temor entre los hombres de prensa que son críticos y denuncian irregularidades en su gestión. Para la ANP las querellas no pretenden resarcir el honor de la autoridad sino silenciar cualquier voz opositora.
El promedio de agresiones registrado en los cuatro primeros meses del año hace temer que al terminar el mismo se supere la del 2013 en que se documentaron 129 ataques.
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