jueves, 26 de mayo de 2011

Congresista Washington Zeballos demanda al Poder Ejecutivo cumplir aplicación de la Consulta Previa suscrita por el Perú en el Convenio 169 de la OIT

El presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, Washington Zeballos, exigió que el Poder Ejecutivo cumpla con aplicar la Consulta Previa establecido en el Convenio 169 de la OIT con la finalidad de solucionar el conflicto en la región Puno entre la población y las empresas mineras e hidrocarburos.
“Es claro, que los gobiernos regionales y locales no tienen potestad para aprobar ordenanzas o normas subnacionales sobre las concesiones por ser esta una competencia del Gobierno Nacional. Por esa misma razón, la fiscalización, la calidad de los estudios de impacto ambiental, el cuidado del medio ambiente y la aplicación de la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la OIT, firmado por el Perú, corresponde al sector de Energía y Minas y el Poder Ejecutivo”, señaló el parlamentario. 
Este es un problema latente que tiene más de dos años de antigüedad –continuó-- como lo confirman los Reportes de la Defensoría del Pueblo del 2009 y el 2010.
“Esto demuestra que el Poder Ejecutivo ha sido incapaz de procesar estos reclamos de la población, y ha esperado que aparezca la protesta social de la población, para recién voltear  la mirada a estas demandas ciudadanas, en un departamento donde se han recibido hasta el año 2010, 1665 solicitudes de concesiones mineras, además de contar con concesiones de los lotes petroleros Nº  105, 141, 155 y 156 en 11  provincias de  la Región”, explicó.
Zeballos Gámez detalló que tres son las demandas principales de las autoridades de Puno y de su población organizada: la derogatoria del Decreto Supremo N° 083-2007-EM; la cancelación definitiva de las concesiones mineras de la zona sur en la región de Puno; y la aprobación del área natural protegida, reserva paisajista, agroecológica, hídrica y eco turística del Apu Khapia; producto de los constantes reclamos por el cuidado ambiental y los riesgos.
“La Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente de la Iglesia Católica de Puno, ha señalado que uno los problemas principales de Puno es el débil acceso y la calidad del agua para el consumo humano y las actividades agropecuarias. Esta Oficina señala que hasta agosto de 2010, existían 265 pasivos ambientales en dicha región. Durante los cinco años del gobierno de Alan García ha primado el pensamiento de sus artículos periodísticos del ‘Perro del Hortelano’, en las decisiones sobre las operaciones mineras, en desmedro de la consulta ciudadana. Luego, cuando aparece la protesta social, se pretende enfrentarla con la intervención militar”, finalizó.

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