viernes, 27 de mayo de 2011

SNMPE CONDENA ACTOS DE VIOLENCIA EN PUNO

Invoca a pobladores a rechazar a agitadores que buscan instaurar la anarquía en esa región.


La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) condenó hoy las acciones de violencia que se vienen registrando en la región Puno, donde en las últimas horas, grupos radicales atacaron e incendiaron locales públicos y privados.

El presidente de la SNMPE, Pedro Martínez, manifestó que el pueblo de Puno se encuentra prácticamente aislado y tomado como rehén -desde hace 18 días- por grupos violentistas que han bloqueado las carreteras e impiden el libre tránsito de miles de peruanos, con la finalidad de perturbar el proceso electoral y boicotear el desarrollo económico de esa del región del sur del país.

“El tema de las concesiones mineras y petroleras es sólo un pretexto que están utilizando grupos extremistas infiltrados, que tienen como única agenda debilitar el sistema democrático y “maniatar” a dos actividades productivas importantes para el crecimiento económico del Perú”, expresó Martínez.

El presidente del gremio mineroenergético informó que Puno se beneficia del desarrollo de la minería formal, pues ha recibido como canon minero aproximadamente 1,238 millones de soles en el período 1996 – 2010; y –anotó-que le extraña que quienes dirigen las protestas hagan “mutis” frente a la minería ilegal y el contrabando que golpea a esa región desde hace varios años.

“En Puno hay una evidente manipulación política. No debemos permitir que una minoría violentista pretenda impedir la realización del próximo proceso electoral y menos aún que condenen a la miseria y a la pobreza a toda una población que sí quiere trabajar por el desarrollo de su región y del país”, enfatizó Pedro Martínez.

El titular de la SNMPE indicó que el gobierno debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población y el orden público. Asimismo, hizo votos para que en las próximas horas se retome el diálogo, el mismo que debe darse sin chantajes que pretendan que el Estado peruano claudique en sus funciones, competencias y deberes.

                                                                                 

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