TC. Por tener una vigencia indefinida. Las normas exoneraban de estudios de impacto ambiental a 33 proyectos de inversión privada.
César Romero C.
El Tribunal Constitucional declaró ayer inconstitucionales los Decretos de Urgencia Nº 001-2011 y el Nº 002-2011, dados por el gobierno aprista a comienzos de año, que exoneraron de los estudios de impacto ambiental la aprobación de 33 grandes proyectos de inversión.
La sentencia del TC establece que los mencionados decretos no cumplen con el presupuesto habilitante de transitoriedad, “apreciándose más bien un carácter indefinido, pues dichas adjudicaciones podrían no producirse el presente año, lo cual daría lugar a nuevos decretos de urgencia.
El TC emitió esta sentencia al resolver una demanda de inconstitucionalidad promovida por el 25% de los congresistas de la República. Los mencionados decretos de urgencia simplificaban distintas exigencias legales para la puesta en marcha de diversos proyectos de inversión, que iban desde construcción de hidroeléctricas hasta modernización de puertos.
La excusa para su emisión fue promover la inversión privada en el país, en el marco de la crisis económica internacional, por lo que la aceptación de los proyectos solo requería la aprobación del consejo directivo de Proinversión.
Los estudios de impacto ambiental eran postergados hasta la entrada en operatividad del proyecto. El TC establece que ahora los proyectos de inversión a los que se referían los mencionados decretos de urgencia tendrán que sujetarse a la ley vigente antes de su dación.
“La situación (crisis financiera internacional) en la que pretenden sustentarse los decretos ahora impugnados hace que no resulte imprevisible y extraordinaria la situación que se intentaría revertir con tales decretos”, pues la crisis ya tiene varios años y podría alargarse aún más”, señala el TC
Agrega que “si el Ejecutivo consideraba de gran importancia para el desarrollo económico del país las medidas de facilitación de la inversión, pudo haber presentando al Congreso los proyectos de ley que juzgara necesarios o legislar al respecto por delegación de facultades legislativas y no recurrir, año a año, a nuevos decretos de urgencia que agilizan los trámites. la republica cortesia
César Romero C.
El Tribunal Constitucional declaró ayer inconstitucionales los Decretos de Urgencia Nº 001-2011 y el Nº 002-2011, dados por el gobierno aprista a comienzos de año, que exoneraron de los estudios de impacto ambiental la aprobación de 33 grandes proyectos de inversión.
La sentencia del TC establece que los mencionados decretos no cumplen con el presupuesto habilitante de transitoriedad, “apreciándose más bien un carácter indefinido, pues dichas adjudicaciones podrían no producirse el presente año, lo cual daría lugar a nuevos decretos de urgencia.
El TC emitió esta sentencia al resolver una demanda de inconstitucionalidad promovida por el 25% de los congresistas de la República. Los mencionados decretos de urgencia simplificaban distintas exigencias legales para la puesta en marcha de diversos proyectos de inversión, que iban desde construcción de hidroeléctricas hasta modernización de puertos.
La excusa para su emisión fue promover la inversión privada en el país, en el marco de la crisis económica internacional, por lo que la aceptación de los proyectos solo requería la aprobación del consejo directivo de Proinversión.
Los estudios de impacto ambiental eran postergados hasta la entrada en operatividad del proyecto. El TC establece que ahora los proyectos de inversión a los que se referían los mencionados decretos de urgencia tendrán que sujetarse a la ley vigente antes de su dación.
“La situación (crisis financiera internacional) en la que pretenden sustentarse los decretos ahora impugnados hace que no resulte imprevisible y extraordinaria la situación que se intentaría revertir con tales decretos”, pues la crisis ya tiene varios años y podría alargarse aún más”, señala el TC
Agrega que “si el Ejecutivo consideraba de gran importancia para el desarrollo económico del país las medidas de facilitación de la inversión, pudo haber presentando al Congreso los proyectos de ley que juzgara necesarios o legislar al respecto por delegación de facultades legislativas y no recurrir, año a año, a nuevos decretos de urgencia que agilizan los trámites. la republica cortesia
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