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| Escrito por Ericka Poma Cotrado | |
| martes, 14 de junio de 2011 | |
 En comunicación telefónica con Radio Uno, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, sostuvo que la polémica ley 29703 fue elaborada en un evidente acuerdo entre los legisladores del APRA y el fujimorismo con el único fin de excluirlos de toda persecución penal, por lo que se aunó al pedido de la bancada nacionalista que presentó una iniciativa para su derogación. Explicó que los cambios en la norma fueron realizados a pedido del Poder Judicial, sin embargo fue la comisión de Justicia del Congreso -que preside el fujimorista Rolando Sousa- quien elaboró un texto sustitutorio que no guarda relación alguna con los planteamientos hechos por el PJ. En lugar de ellos se buscó favorecer a los procesados por delitos contra la administración pública, en el caso de colusión (sancionado sólo cuando exista perjuicio económico al Estado) además del tráfico de influencias, peculado de uso y enriquecimiento ilícito. Advirtió que hasta el congresista aprista y ex premier Jorge del Castillo podría ser beneficiado y solicitar el archivo de la investigación que se le sigue en el Ministerio Público por el caso de Petrolera Monterrico, pues en materia penal se aplican con retroactividad las normas favorables al imputado. “Pareciera que la norma tiene nombre propio, y pareciera que el ánimo de los legisladores en un evidente acuerdo entre el APRA y el fujimorismo, es excluirlos de toda persecución penal. (…) Inclusive por el principio de la aplicación retroactiva de la ley, no es necesario que este vigente 10 años para poder aplicarla, es mas que suficiente que este vigente un día,” señaló para luego indicar que “el daño que se ha generado por estos días que esta vigente la norma, es un daño inmenso al sistema penal y en general y concreto a la lucha contra la corrupción en el Perú”. EXISTE UNA INMENSA VOLUNTAD DEL GOBIERNO POR INDULTAR A FUJIMORI En otro momento Rivera señaló que los sucesos que se fueron presentando en la última semana a 48 horas de haberse elegido a Ollanta Humala como presidente del Perú, revelan que existe una inmensa voluntad de parte del gobierno aprista de liberar a Alberto Fujimori a cambio de un blindaje político. Para el abogado, la pregunta que hay que hacerse primero, es si realmente corresponde el indulto al encarcelado ex mandatario, quien fue sometido a diversos exámenes -en los últimos días- tras haber disminuido de peso considerablemente. “En el tema médico, los indultos humanitarios son concedidos a aquellas personas que tienen una situación grave de salud y extrema que complica su propia existencia, su propia vida y consideramos que ese no es la situación del señor Fujimori. (…) Lo hemos visto la semana pasada en la televisión y él esta caminando, se vale por si mismo, tiene atención médica oportuna, eficiente en el mejor centro hospitalario del Cáncer en el Perú, el problema médico no es el que esta atravesando el señor Fujimori”. Asimismo manifestó que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Barrios altos y la Cantuta que enviaron a prisión por 25 años al ex mandatario establece una prohibición expresa de acceder a un indulto. cortesia http://www.radiouno/ |
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