La Contraloría pidió al Congreso aprobar un proyecto de ley que permita incautar propiedades en los casos de corrupción de funcionarios.
Khoury se reunió con el presidente del Congreso y le hizo entrega de estas iniciativas. (USI)
El contralor Fuad Khoury le entregó esta tarde cinco proyectos de ley al presidente del Parlamento, Daniel Abugattás, que tienen por finalidad ampliar y fortalecer las acciones en la lucha contra la corrupción.
Las referidas iniciativas quedaron pendientes en la última legislatura del Congreso pasado, pero son nuevamente presentadas debido a la importancia que representan para el trabajo que desempeña la Contraloría y todo el Sistema Nacional de Control a nivel nacional.
Entre los proyectos presentados destaca el que propone incorporar en la Ley de Pérdida de Dominio (Decreto Legislativo Nº 992) la incautación de bienes para los delitos de corrupción de funcionarios (concusión, colusión, peculado, cohecho propio e impropio y enriquecimiento ilícito), tal como ocurre en los casos de narcotráfico y terrorismo.
Otra iniciativa busca que la Contraloría pueda emitir una opinión previa respecto de los modelos financieros de concesión en los procesos de promoción a la inversión privada. Además, propone que cualquier modificación o adenda a los contratos suscritos requiera de la opinión previa del máximo órgano de control para asegurar los intereses del Estado.
El contralor también presentó el proyecto de ley que incorpore como obligatorio la presentación de una Declaración Jurada de Ingreso, Bienes y Rentas a los miembros de los Consejos Regionales, parlamentarios andinos y la totalidad de alcaldes y regidores sin excepción. En este último caso, actualmente solo lo hacen las autoridades ediles que administran un presupuesto anual superior a las 2,000 UIT (cerca de S/. 7,2 millones).
Otra iniciativa es la que busca fortalecer el Sistema Nacional de Control mediante el acceso irrestricto de todos los órganos que lo componen a la documentación relacionada a los convenios suscritos por entidades estatales con organismos internacionales. Actualmente, la suscripción de estos convenios origina una carencia de información y control sobre los recursos transferidos por las entidades públicas.
Por último, se encuentra el proyecto que propone mecanismos de defensa para los funcionarios y trabajadores de la Contraloría y de los Órganos de Control Institucional (OCI) que realicen actividades de fiscalización gubernamental. Esta medida garantizará la ejecución efectiva de las labores de control e independencia de este ejercicio y del propio sistema frente a acciones legales que intenten obstruir.
cortesia peru21
Las referidas iniciativas quedaron pendientes en la última legislatura del Congreso pasado, pero son nuevamente presentadas debido a la importancia que representan para el trabajo que desempeña la Contraloría y todo el Sistema Nacional de Control a nivel nacional.
Entre los proyectos presentados destaca el que propone incorporar en la Ley de Pérdida de Dominio (Decreto Legislativo Nº 992) la incautación de bienes para los delitos de corrupción de funcionarios (concusión, colusión, peculado, cohecho propio e impropio y enriquecimiento ilícito), tal como ocurre en los casos de narcotráfico y terrorismo.
Otra iniciativa busca que la Contraloría pueda emitir una opinión previa respecto de los modelos financieros de concesión en los procesos de promoción a la inversión privada. Además, propone que cualquier modificación o adenda a los contratos suscritos requiera de la opinión previa del máximo órgano de control para asegurar los intereses del Estado.
El contralor también presentó el proyecto de ley que incorpore como obligatorio la presentación de una Declaración Jurada de Ingreso, Bienes y Rentas a los miembros de los Consejos Regionales, parlamentarios andinos y la totalidad de alcaldes y regidores sin excepción. En este último caso, actualmente solo lo hacen las autoridades ediles que administran un presupuesto anual superior a las 2,000 UIT (cerca de S/. 7,2 millones).
Otra iniciativa es la que busca fortalecer el Sistema Nacional de Control mediante el acceso irrestricto de todos los órganos que lo componen a la documentación relacionada a los convenios suscritos por entidades estatales con organismos internacionales. Actualmente, la suscripción de estos convenios origina una carencia de información y control sobre los recursos transferidos por las entidades públicas.
Por último, se encuentra el proyecto que propone mecanismos de defensa para los funcionarios y trabajadores de la Contraloría y de los Órganos de Control Institucional (OCI) que realicen actividades de fiscalización gubernamental. Esta medida garantizará la ejecución efectiva de las labores de control e independencia de este ejercicio y del propio sistema frente a acciones legales que intenten obstruir.
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